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La biomasa es muchas veces el combustible básico de las chiapanecas, en el sur de México.
Crédito: Mauricio Ramos/IPS
Reportajes
Economía verde divide aguas
Por Emilio Godoy *

Especialistas polemizan sobre los beneficios o daños que puede acarrear la economía verde, que ocupará el centro del escenario en la cumbre Río+20 de mediados de año.

MÉXICO, 16 ene (Tierramérica).- El desarrollo de una economía verde genera discrepancias entre especialistas por sus beneficios y riesgos potenciales. Mientras unos consideran que podría agudizar las desigualdades sociales y concentrar la riqueza biológica, otros la avalan como protectora del ambiente y creadora de empleo.

“La economía verde no cuestiona los sistemas de producción actuales, como el agroalimentario, ni habla de cambiar patrones de consumo”, criticó Silvia Ribeiro, directora para América Latina del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC).

Ribeiro dijo a Tierramérica que, por ejemplo, “preocupa el uso masivo de la biomasa, para producir combustibles, y de las nuevas tecnologías, como la biología sintética y que pueden generar niveles de toxicidad”.

En su informe “¿Quién controlará la economía verde?”, publicado el 15 de diciembre, el Grupo ETC argumenta que el funcionamiento de una economía verde beneficiará especialmente a las grandes corporaciones si no se transforman los modelos de producción y consumo de bienes y servicios y la gobernanza mundial".

Agrega que las grandes empresas transnacionales de energía, farmacéuticas, agroindustriales y químicas han construido alianzas para explotar la biomasa y apropiarse del control de recursos naturales como tierra y agua.

El estudio se centra en áreas como la biología sintética, bioinformática y generación de datos genómicos, biomasa marina y acuática, semillas y plaguicidas, bancos de germoplasma vegetal, fertilizantes y minería, silvicultura y papel, la farmacéutica veterinaria y genética animal.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define a la economía verde como “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”.

Esta nueva variante será el tema preponderante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que se realizará del 20 al 22 de junio próximo en la meridional ciudad brasileña de Río de Janeiro, al cumplirse 20 años de la primera Cumbre de la Tierra, efectuada en esa misma urbe en 1992.

Los objetivos de esta cita global, son un renovado compromiso político alrededor del desarrollo sustentable, la evaluación del progreso hacia los objetivos internacionalmente acordados en torno al tema y el abordaje de los nuevos desafíos.

Asimismo, la cumbre se concentrará en la construcción de una economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable, así como un marco institucional para ese propósito.

El PNUMA defiende la vertiente que ha promovido desde 2008, aunque reconoce la validez de las preocupaciones existentes.

“La economía verde es un imperativo. Una de sus metas es la equidad social y el bienestar humano. Se reconoce al ambiente como fuente de riqueza”, resaltó ante Tierramérica el estadounidense Steven Stone, jefe de Economía y Comercio de la oficina del PNUMA en Ginebra.

Stone visitó México semana para la presentación de un estudio prospectivo nacional sobre economía verde, auspiciado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el privado instituto Tecnológico de Monterrey.

“La verdadera disputa es si los que hacen el mayor daño al ambiente están realmente contribuyendo a lo que se debe de hacer”, planteó a Tierramérica el director de la Facultad de Economía de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Escalante.

“Por eso existe el riesgo de que, enverdecer la economía, profundizará las inequidades, cargándole a los que menos tienen el mayor costo de los impactos ambientales”, advirtió.

El académico lleva a cabo una investigación, que tiene previsto finalizar en el primer trimestre de este año, sobre el efecto de la agricultura y la deforestación sobre el ambiente, a petición de Semarnat.

Frente al proceso de Río+20, organizaciones de la sociedad civil de América Latina impulsan el relanzamiento del desarrollo sostenible, con énfasis en los aspectos sociales y ecológicos y una nueva economía para enfrentar la pobreza y la concentración de la riqueza.

El Estudio Económico y Social Mundial 2011, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, recomienda la inversión de 1.900 millones de dólares anuales en tecnologías verdes durante los próximos 40 años, para combatir los efectos del cambio climático.

El PNUMA considera que la inversión verde puede contribuir a la reducción de la demanda de energía y agua y la huella de carbono de la producción de bienes y servicios.

“Hay muchas alternativas, la más contundente es la economía del campesinado, que aporta 70 por ciento de la producción agropecuaria global”, recomendó Ribeiro, cuya organización se enfoca en los impactos ambientales, sociales y económicos de las nuevas tecnologías.

El reporte del Grupo ETC sugiere la instauración de regímenes antimonopolio, para evitar las concentraciones de mercado, el papel central de la agricultura y la soberanía alimentaria y la evaluación.

También aboga por la divulgación internacional sobre las tecnologías “que no son capaces de afrontar los problemas sistémicos de las crisis de pobreza, del hambre o la ambiental”.

“Uno de los temas fundamentales es el valor de la naturaleza, que no se toma en cuenta. No participa en el cálculo económico. Se tiene que valorar esos servicios con límites y regulaciones”, resaltó Stone.

Por su parte, Escalante, cuya investigación busca ofrecer alternativas para descarbonizar la producción agrícola, planteó la utilización de la nueva tecnología, la participación de instituciones universitarias y la concreción de política públicas integrales.

“Los temas ambientales son en el fondo temas fiscales. Esa va a ser la gran discusión de Río+20. Debe prevalecer una nueva visión, meter en el mundo de la economía los precios del ambiente y establecer un esquema que garantice la equidad”, explicó el académico mexicano.

* El autor es colaborador de IPS.

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